Varias disposiciones clave de la Ley de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos, que tienen impacto entre los cubanos de dentro y fuera de la isla, fueron presentadas este miércoles en Miami por los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos A. Giménez.
Entre las más sobresalientes están las disposiciones que restringen visas a funcionarios vinculados con la explotación de médicos cubanos en el exterior, las que cortan fondos federales a las empresas privadas en la isla y las que incrementan el financiamiento a proyectos relacionados con Cuba.
Personal de la salud
“Hemos incluido la prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno o grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. [Quienes trafiquen con médicos cubanos] no podrán entrar a EEUU porque las visas les serán negadas a ellos y a sus familiares”, dijo Díaz-Balart en una conferencia de prensa en el Museo de la Brigada 2506, en Hialeah Gardens.
Junto a líderes del exilio cubano, venezolano y nicaragüense en Miami, los congresistas hablaron sobre la importancia de la legislación, que golpea a una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano: la exportación de profesionales, que según datos oficiales genera miles de millones de dólares al año.
“Esto no es tráfico humano. Esto es esclavitud. Ellos [los médicos] son los esclavos del régimen cubano. Todas las naciones que estén involucradas en ayudar al régimen a utilizar sus esclavos están involucrados en la esclavitud así que se necesitan más sanciones contra esos países y organizaciones”, dijo el legislador Carlos Giménez.
El régimen de la isla tiene médicos trabajando en decenas de países y se apropia de -al menos- el 75% de los salarios que pagan los gobiernos en los países de destino. En las calificadas por La Habana como "misiones internacionalistas", los profesionales se enfrentan a numerosas violaciones de sus derechos, según han denunciado organizaciones internacionales y relatores de Naciones Unidas.
Los congresistas republicanos recordaron la eliminación del Programa de Inmigración Profesional para Médicos Cubanos conocido como The Cuban Medical Professional Parole ordenada por el expresidente Barack Obama en enero de 2017.
La medida permitía que médicos cubanos, enfermeras y otros profesionales de la salud solicitaran la visa de entrada a Estados Unidos, una vez que escapaban de sus contratos en el exterior.
Obama eliminó el programa como parte de una negociación con el régimen cubano que incluyó la eliminación de la política pies secos-pies mojados y la promesa incumplida de Cuba de aceptar a todos los cubanos con órdenes de deportación desde 2014.
“Esto se complicó cuando se eliminó como si fuera parte de la emigración a Estados Unidos. No considero la situación de los médicos cubanos como parte de la emigración. Es un programa que debe ser selecto y más concentrado”, opinó Díaz-Balart.
Más fondos para Radio Martí, Internet y promoción de la democracia
La ley, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Joe Biden, también contempla un incremento de los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB por sus siglas en inglés) —encargada de Radio Martí y su sitio web Martí Noticias—y reserva un fondo adicional de $43,6 millones para promover tecnologías que fomenten la libertad en Internet y aborden las amenazas de la censura en países totalitarios.
“La congresista María Elvira Salazar y el congresista Carlos Giménez han estado muy pendientes del tema de la Internet en Cuba. El congresista Giménez encontró la forma de apoyar estos deseos y pusimos $43,6 millones en fondos de tecnología abierta, un programa para romper el bloqueo de la Internet en todo del mundo”, dijo Díaz-Balart.
Sector privado en Cuba
La Ley de Apropiaciones del Congreso elimina la posibilidad de que fondos federales estadounidenses puedan ser utilizados en el fomento del emprendimiento en Cuba.
“Hay una prohibición absoluta de que fondos del contribuyente se puedan utilizar para invertir en las llamadas mipymes. Esa es una prohibición absoluta. Punto”, sentenció Díaz-Balart, quien aseguró que los aliados del régimen cubano “no están muy contentos con esto”.
El gobierno cubano permitió la existencia de pequeñas y medianas empresas tras las protestas populares de julio de 2021.
El gobierno del presidente Joe Biden ha prometido apoyo al sector privado como una vía para impulsar reformas políticas, algo criticado por los legisladores cubanoamericanos, que aseguran que se trata de tapaderas del régimen para burlar el embargo.
Recientemente, varios escándalos han sacudido a estas empresas, como la presunta vinculación de Fernando Javier Albán, reconocido como uno de los empresarios privados más destacados de Cuba, con el ex ministro de economía Alejandro Gil, acusado de corrupción por el régimen.
Según el texto de la ley, se prohíbe cualquier financiamiento en programas de promoción de la democracia en Cuba en temas empresariales, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia que no estén relacionados con el fomento de la democracia “como expresamente autoriza la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 y la Ley de Democracia Cubana de 1992”.
Esta prohibición podría afectar directamente a iniciativas como el Programa de pequeñas subvenciones de la Sección de Asuntos Públicos de la Embajada de EEUU en La Habana en apoyo al sector privado cubano que ofrecían un fondo de hasta $400,000 dólares para proyectos de emprendimiento en la isla.
Foro