Las protestas sociales que estallaron el 18 de abril en Nicaragua no son un hecho aislado sino el producto del rechazo que ha generado por años la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, asegura el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dos días después que Ortega expulsara de Nicaragua al GIEI, el grupo adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha presentado un extenso informe que detalla la escalada represiva en el país centroamericano.
"Las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua a partir del 18 de abril, como se observó, no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo. Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque", asegura el reporte.
La situación del país en relación al respeto y garantía de los derechos humanos sigue siendo "sumamente preocupante" y ahora mismo "hay miles de nicaragüenses exiliados para proteger a sus vidas, centenas de personas detenidas, familias que siguen luchando por justicia en relación a la muerte de sus seres queridos y una cantidad incontable de personas amenazadas", sostiene el informe.
"El Estado criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e incluso encarceló a líderes de distintos sectores sociales y políticos, así como a medios de prensa y periodistas", para frenar la oposición a Daniel Ortega.
El informe refleja seis meses de trabajo en terreno y de contacto directo con las víctimas, testigos de los hechos de violencia, familias afectadas y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, pero no contó con información de los órganos estatales nicaragüenses que se negaron a aportar "los documentos solicitados y tampoco contestaron solicitudes de reuniones con el GIEI".
"En los días previos a presentar este Informe, la represión profundizó su actuar mediante acciones como la expulsión del país de la defensora de derechos humanos Ana Quirós, quién tiene nacionalidad nicaragüense; o la cancelación de la personalidad jurídica de diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas CENIDH, cuya trayectoria en la defensa de los derechos humanos suma décadas; o el allanamiento de sus oficinas como también a las oficinas de otras instituciones no gubernamentales y de medios de comunicación independientes", recuerda el informe.
El grupo que redacta el documento fue creado el 30 de mayo de 2018 tras un acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua, el Secretario General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación y el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
[A partir de un informe del GIEI]
