Las autoridades siguen presionando para procesar por cargos graves a mujeres detenidas en las protestas del 11 de julio, y utilizan el hostigamiento en prisión como vía para lograr que confiesen delitos que no cometieron, denunciaron familiares a Radio Martí.
Es el caso de la activista Lizandra Góngora Espinosa, madre de cinco niños, recluida en la Prisión de Mujeres del Guatao, en el municipio habanero de La Lisa, que está siendo procesada por un tribunal militar por el supuesto delito de sabotaje a una tienda en moneda libremente convertible (MLC) en el poblado de Güira de Melena, el día de la manifestación, cargo que ella rechaza.
El fiscal militar de la provincia de Artemisa está presionado a la detenida para que firme un documento aceptando su culpabilidad, y ella se niega. Aún sigue sin petición fiscal y pesan contra ella, además, los delitos de atentado y desordenes públicos, dijo a Radio Martí su esposo, Ángel Delgado, tras visitarla en prisión.
“La situación de ella es pésima con respecto al fiscal Chaveco, que la tiene amenazada. Ese militar, delante de ella, llamó al abogado que la defiende para que la convenciera de que firme el documento aceptando la culpabilidad por el asalto a la tienda. El abogado, entonces, le recomendó a mi esposa que firmara, a lo que se negó Lizandra, respondiendo que ella no tenía que firmar nada, y que no aceptaba esos cargos. Entonces el fiscal militar, visiblemente molesto, la amenazó: 'Aunque no firmes el documento, puedes estar segura de que yo te voy a dejar muchos años aquí presa'", le dijo, según detalló Delgado.
Añadió que ya ha realizado denuncias en los tribunales "en contra de ese fiscal y nada ha cambiado, sigue el acoso". En Güira de Melena, la única mujer que está acusada por la Fiscalía Militar Provincial es Lizandra Góngora Espinosa, recalcó.
También en el penal del Guatao se encuentran las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, quienes ya fueron juzgadas el viernes pasado en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, donde les ratificaron las peticiones fiscales de 15 y 10 años que les pedía la fiscalía, por los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.
Las hermanas Garrido llevan meses recluidas en ese centro penitenciario bajo la medida cautelar de prisión provisional, y ahora deben esperar allí a que su se haga firme su sentencia el 18 de febrero.
A María Cristina le siguen negando la asistencia médica especializada, informó su esposo, Michael Valladares, que la visitó este miércoles en la cárcel.
“Ella lleva más de dos meses con los dolores de espalda y la cintura, al punto que está durmiendo en una tabla, y no puede caminar erguida, pierde el balance, todo ese dolor y la lesión que tiene. Fue debido a los golpes que le dieron cuando pasó por la prisión para los pacientes VIH (Sida), y le están negando la asistencia médica especializada. Ella está pidiendo que la lleven al hospital, porque ya le hemos llevado todo tipo de calmantes y nada la mejora. Por tanto, está reclamando que le realicen un estudio en un centro médico, porque en el penal no hay condiciones, y se lo están negando. Ella lo pide y no le hacen caso", puntualizó Valladares.
Según el esposo, las autoridades de la prisión le dijeron a María Cristina que ella era una mala influencia para su hermana Angélica, y decidieron separarlas de destacamento, "porque no querían que ellas estuvieran juntas”, advirtió.
