Varios activistas del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) han sido detenidos, advertidos y amenazados en poco menos de un mes, y una de ellos, Karelia Contreras, multada por supuesta violación del Decreto Ley 370.
Un reporte a Radio Televisión Martí de Guillermo Fariñas, coordinador general del grupo opositor, indica que desde el pasado 23 de marzo hasta la fecha siete activistas recibieron amenazas policiales y actas de advertencia, y una de ellos fue multada.
Los "supuestos delitos son opinar en las calles y en las redes sociales y publicar fotos de las colas (...) para comprar alimentos e insumos de aseo", apuntó el opositor.
El 21 de abril, Juan Carlos Ruiz Dreke, militante del FANTU, fue arrestado en la ciudad de Santa Clara por emitir ante grupos de personas que hacían colas críticas al régimen. "Lo amenazaron con llevarlo de nuevo a prisión", precisó Fariñas.
De igual manera, el 22 de abril las amenazas recayeron contra Adriano Castañeda, en Sancti Spíritus, a quien, además de levantarle un acta de advertencia, le comunicaron que podría ser encarcelado.
Castañeda dijo que las autoridades quieren impedir que denuncie lo que ocurre en la isla, y que no participe en programas de Radio Martí.
El pasado 19 de abril, la organización denunció en su página web las arbitrariedades contra Leandro Márquez Sera, en la ciudad de Las Tunas.
Según Fariñas, el activista "fue golpeado por paramilitares" cuando estaba filmando las colas, le quitaron el teléfono, se lo rompieron y lo amenazaron con llevarlo a la cárcel.
En Cienfuegos, el pasado 19 de abril, Lázara Varona, madre de un activista del FANTU en el exilio, recibió la visita de representantes del Consejo de Defensa.
Le dijeron que exigiera a su hijo (que esta fuera del país) que dejara de criticar en las redes sociales lo que está ocurriendo en la isla en medio de la pandemia de coronavirus.
Al día siguiente, añadió Fariñas, una mujer policía regresó a la casa de la señora para presentarle un acta de advertencia por "desacato y propagación de epidemias".
"Intentaron amedrentar a la mamá de un activista que no está en Cuba", destacó Fariñas.
A inicios de abril, en San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, la activista Liliet González fue amenazada por oficiales de la Seguridad del Estado con aplicarle multas por cargos similares a los de Varona.
Los agentes le advirtieron que no saliera más a las calles a expresarse contra la revolución.
En Santa Clara, también la pasada semana, el activista Orlando Márquez Montes de Oca fue advertido de que podrían devolverlo a prisión si seguía tratando de crear "ambientes desfavorables" al gobierno en las colas de las principales áreas de venta en esa ciudad.
Otra de las integrantes del FANTU detenida, advertida y multada fue Karelia Contreras.
El 25 de marzo le aplicaron una multa de 3,000 pesos según el Decreto Ley 370, Articulo 68, Inciso I, y le ocuparon su teléfono celular.
La activista de 36 años, residente en Santa Clara, conversó con Radio Televisión Martí sobre lo ocurrido y asegura que los oficiales nunca le mostraron lo que "ellos dicen que yo estaba publicando en Facebook".
Contreras presentó una reclamación de la multa ante las autoridades pertinentes, pero transcurrió el tiempo establecido y no le dieron respuesta.
Piensa que no la "exonerarán de la multa", y decidió sumarse a la convocatoria hecha por las víctimas de la aplicación de la Ley Azote de no pagarla.
La activista asegura que seguirá adelante denunciando lo ocurrido.
A criterio de Fariñas, las multas, amenazas e intimidaciones a activistas, opositores, periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente en Cuba, son la evidencia de que el régimen trata de silenciar y amordazar a la población en un momento en que el país atraviesa por una difícil situación, ante el avance del coronavirus y la incapacidad del gobierno para proporcionar bienestar a la ciudadanía.
