Cuba arriba a este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años, y un deterioro en el respeto a las libertades fundamentales de sus ciudadanos por parte del gobierno, dijeron activistas a Radio Televisión Martí.
“Cerca de mil jóvenes, fundamentalmente, están ahora mismo en la cárcel después de las protestas pacíficas del 11 de julio que sacudieron a toda la Isla. Las penas de prisión y las peticiones fiscales siguen siendo una amenaza convincente para todos los cubanos. En los últimos meses, los fiscales han recurrido a las disposiciones del Código Penal sobre ‘sedición’, ‘atentado’, ‘desórdenes públicos’ y otras figuras delictivas para silenciar al pueblo”, denunció desde Colón, Matanzas, el sindicalista y exprisionero político Iván Hernández Carrillo.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama los derechos inalienables que corresponden a todo ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Las prisiones cubanas albergan, además de los encarcelados del 11J, a decenas de prisioneros juzgados en años anteriores por delitos contra la Seguridad del Estado que están cumpliendo largas condenas.
“La dictadura continúa calificando de delitos penales a actividades no violentas, tales como la reunión pacífica o defender la puesta en libertad de los presos políticos. Los tribunales cubanos siguen juzgando y encarcelando activistas de derechos humanos, periodistas, artistas, sindicalistas, etc. por la expresión pacífica de sus ideas, sometiéndolos a las condiciones sumamente deficientes del sistema penitenciario”, apuntó Hernández Carrillo.
El régimen cubano no ha permitido, desde 1989, el ingreso a la Isla del Comité Internacional de la Cruz Roja que inspecciona a los reclusos por delitos de carácter político y, desde 1990, a Amnistía Internacional.
Desde 1959, el poder en Cuba ha desarrollado una maquinaria represiva eficaz: la negación de derechos contemplada en la legislación del país. En nombre de la legalidad, las fuerzas represivas detienen y recluyen en penales a sus opositores políticos.
En los Exámenes Periódicos Universales de Derechos Humanos, Cuba ha recibido rigurosos señalamientos sobre transgresiones a la libertad de asociación y expresión, censura, ausencia de independencia judicial, persecución política, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero y control de Internet.
“El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva que criminaliza sin ningún reparo a la oposición. Con el Código Penal en mano, los funcionarios cubanos cuentan con amplios poderes para reprimir internamente a la oposición, mientras afirman su respeto al Estado de Derecho en los foros internacionales”, concluyó el también presidente del Centro Cubano de Derechos Humanos.