El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este martes al régimen de Cuba que ponga fin a la represión al pueblo cubano y a los ataques a la libertad religiosa.
"El hecho de que los funcionarios cubanos no respeten la libertad religiosa es un asunto serio y el impacto humano es profundo", señala el comunicado.
El Departamento de Estado recuerda que el pasado fin de semana, muchos cubanos en la isla así como cubanoamericanos celebraron con alegría la Fiesta de la Virgen de la Caridad de Cobre.
En esa ocasión fueron arrestados un centenar de opositores que siguieron la convocatoria de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuba Decide a unirse a una celebración masiva el próximo 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Al mismo tiempo EEUU hace un llamado al régimen cubano para liberar a todos los presos de conciencia.
"Nos preocupa la detención arbitraria del activista religioso Ricardo Fernández Izaguirre por defender la libertad religiosa, la inexplicable negativa del régimen que impidó que cinco líderes evangélicos viajaran a una conferencia religiosa y la cancelación sin sentido del Día Nacional de la Juventud Católica", apunta la nota del Departamento de Estado.
El comunicado menciona además entre "las muchas víctimas de esta represión" al periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple este martes 30 días en huelga de hambre para protestar por la decisión del gobierno cubano de prohibir las salidas del país a determinados activistas y opositores con la política de regulados.
En entrevista con Tomás Cardoso para el programa de Radio Martí "Hoy en Cuba", Del Sol dijo que está débil por el prolongado ayuno, con tan solo 49 kilos de peso corporal y la presión arterial en 100 con 130. Desde hace 72 horas no recibe visitas de los médicos en su hogar de Santa Clara, "al parecer por órdenes de la Seguridad del Estado", subrayó.
Del Sol recalcó que sigue firme en su propósito, "hasta las últimas consecuencias".
Finalmente EEUU lanza un recordatorio acerca de las leyes estadounidenses que contemplan responsabilizar directamente a los funcionarios que se compruebe hayan cometido graves violaciones de la libertad religiosa y otros abusos contra los derechos humanos.
"Esta Administración está comprometida con la aplicación contundente de estas leyes", concluye la declaración.
