El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes el Informe 2018 sobre la Libertad Religiosa en el mundo en el que denunció diversos casos de violaciones a estos derechos en Cuba.
El informe se basó, principalmente, en reportes ofrecidos por las organizaciones Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés) y Ayuda Humanitaria Evangélico-Cristiana para Cuba (EchoCuba), así como agencias de prensa y los sitios digitales Martí Noticias (hoy Radio Televisión Martí) y Diario de Cuba.
Estos medios de comunicación, indicó el Departamento de Estado, continuaron denunciando la detención y hostigamiento a miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa en y política, entre los que se encuentran el movimiento Damas de Blanco, con su vocera Berta Soler a la cabeza.
El hoy preso político Mitzael Díaz Paseiro, su esposa la opositora Ariadna López Roque, y el coordinador del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez, son mencionados como ciudadanos hostigados por las autoridades mientras intentaban ejercer sus derechos a la libertad de religión.
Algunas de las cifras recogidas por el informe indican que la membresía de las iglesias protestantes ronda el 5 por ciento del total de la población cubana (unos 11.1 millones de habitantes), mientras la Iglesia Católica estima que entre el 60 y 70 por ciento de la población cubana se identifica con esta fe cristiana.
Las Asambleas de Dios reportaron aproximadamente 150,000 miembros mientras las cuatro convenciones bautistas existentes estiman en 100,000 su membresía.
De otros grupos religiosos, como los de fe islámica, indicaron que sus miembros estarían "entre los 2,000 y 3,000 aproximadamente".
Las acciones de la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR, una dependencia del Partido Comunista de Cuba), señala el reporte, trabaja “a través del Ministerio de Justicia (Minjus) y los servicios de seguridad para controlar la práctica religiosa en el país”.
Sobre estas instituciones gubernamentales, el informe de Libertad Religiosa apuntó que el Minjus incide en la elegibilidad para que las denominaciones puedan asentar sus grupos en el registro oficial, pero lo hace atendiendo a que dichas denominaciones “tienen objetivos idénticos o similares a otros, o que sus actividades podrían dañar el bien común”.
El mecanismo, apunta el análisis, funciona de la siguiente manera: “Si el Minjus otorga el registro oficial, el grupo religioso debe de solicitar el permiso a la Oficina de Asuntos Religiosos cada vez que quiera realizar actividades, como celebrar reuniones, recibir visitantes extranjeros, importar literatura religiosa, reparar o comprar lugares de culto”, entre otros.
Otra de las prácticas criticadas es que en los casos en que el Minjus “decidió que un grupo religioso duplicaba las actividades de otro, les negó el registro y les aconsejó a iglesias apostólicas que se unieran a otras ya registradas”.
En cuanto a las prácticas de gobierno la libertad religiosa sigue siendo golpeada a pesar de la legislación que prohíbe la discriminación por este motivo.
EchoCuba, citado en el informe, dijo que Asuntos Religiosos “aprobó algunas solicitudes de registro, pero tomó de dos a tres años hacerlo, a partir de la fecha de solicitud”.
“El gobierno utilizó amenazas, detenciones y otras tácticas coercitivas para restringir ciertas actividades de líderes y grupos religiosos y aplicó la ley de manera arbitraria”, señala el informe.
Aparecen los casos de Mitzael Díaz Paseiro, en la cárcel desde 2017 y que protagonizó una huelga de hambre allí exigiendo servicios religiosos, así como el de su esposa Ariadna López Roque, que hizo una protesta pública reclamando que el régimen respete la libertad religiosa.
El pastor Bernardo Salomón de Quesada denunció a Solidaridad Cristiana que en marzo pasado “los funcionarios del gobierno en Camagüey interrumpieron los estudios bíblicos en casas privadas e intentaron intimidar a los propietarios para que detuvieran sus actividades religiosas”.
EchoCuba denunció, y así se recoge en el reporte del Departamento de Estado, que “el gobierno continuó aplicando su sistema de recompensar a las iglesias que eran obedientes y simpatizaban con los “valores e ideales revolucionarios” y penalizan a los que no lo son.
