El manotazo dado el 27 de enero por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, a los periodistas independientes simboliza la relación del Estado con la libertad de prensa en estos seis meses, marcados por protestas, actos de repudio, campañas televisivas contra la sociedad civil y un descontento generalizado por la crisis económica cada vez más aguda, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en el informe sobre Cuba presentado a la Reunión de Medio Año de la organización (abril 20 a 23).
A continuación, el informe completo:
En noviembre, más de una docena de artistas, activistas y periodistas fueron sitiados por el Ministerio del Interior (MININT) en una casa en el barrio habanero de San Isidro, y algunos de ellos –como los periodistas Iliana Hernández y Esteban Rodríguez -se declararon en huelga de hambre. La protesta terminó cuando agentes del MININT, disfrazados de médicos, irrumpieron en la vivienda y los sacaron con el pretexto de proteger su salud, al haber entre ellos un periodista, Carlos Manuel Álvarez, llegado desde el extranjero que no había cumplido parte del protocolo de la Covid-19. El operativo de desalojo coincidió con el primer corte nacional de todos los servicios de internet, cuyo fin fue impedir la divulgación del ataque a la vivienda.
Luego más de 300 personas protestaron frente al Ministerio de Cultura por el cese la represión a los artistas independientes, siendo la manifestación más numerosa en más de sesenta años. La protesta se autodisolvió en la madrugada, al mismo tiempo que se cerraba un enorme dispositivo de represión formado por civiles y agentes del Ministerio del Interior.
Desde entonces, el régimen lanzó una campaña de desprestigio desde redes sociales, prensa escrita y del Noticiero Nacional de Televisión, exponiendo los líderes y atacándolos con intervalos, como Iliana Hernández, Carlos Manuel Álvarez, Mauricio Mendoza y Nelson Álvarez Mairata. Los ataques se extendieron a los medios para los que trabajan. La difamación a los periodistas estuvo centrada en la subordinación a las órdenes del gobierno estadounidense, un viejo recurso del régimen cubano para perseguir a todos los que le molestan.
El 27 de enero, al cumplirse dos meses de la protesta frente al Ministerio de Cultura, siete periodistas independientes acudieron al mismo lugar para reportar la reunión de un pequeño grupo de artistas, pero la concentración fue cortada por el propio Alpidio Alonso, ministro de Cultura, quien salió a la calle y agredió al periodista que lo filmaba, Mauricio Mendoza. Luego, funcionarios y agentes de civil empujaron y detuvieron a los periodistas.
El panorama legal sigue siendo restrictivo contra el ejercicio de las libertades de prensa, expresión e información, por el absoluto control de la policía política sobre el aparato judicial, y la existencia de un marco jurídico general encaminado a silenciar a los ciudadanos críticos. En el periodo, además, se ha destacado el uso del monopolio estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, SA (ETECSA), como brazo ejecutor de la Seguridad del Estado en materia de silenciamiento de periodistas independientes, a partir de suspensión del servicio de internet y telefonía a determinados periodistas durante periodos de tiempo variables.
Otros hechos de preocupación en este período:
Yoennis Domínguez La Rosa, condenado a cinco años de cárcel bajo acusaciones de "atentado" y "desorden público", continúa en prisión tras haber publicado un video de una protesta en Santiago de Cuba contra efectivos de las Tropas Especiales del MININT.
Arrestos por horas por actividades periodísticas han sufrido, Luz Escobar, Yoandi Montiel (youtuber conocido como El Gato de Cuba), María Matienzo, Carlos Manuel Álvarez, Nelson Álvarez Mairata, Mauricio Mendoza, Katherine Bisquet, Yunier Gutiérrez, Iliana Hernández, Héctor Valdés Cocho, Esteban Rodríguez, Yoel Acosta Gámez, Reinaldo Escobar, Alejandro Hernández Cepero, Ismario Rodríguez, Enrique Díaz, Vladimir Turró, Rafael Vilches y Adrián Góngora
Arrestos domiciliarios sin que se cumplan los requisitos legales sufrieron, Camila Acosta, Iliana Hernández, Héctor Valdés Cocho, Luz Escobar, María Matienzo, Carlos Manuel Álvarez y Katherine Bisquet.
Yoel Acosta Gámez fue multado en virtud del Decreto Ley 370 que castiga la libre expresión en internet.
La esposa del periodista Yoe Suárez fue citada a interrogatorio policial, así como la madre de Nelson Álvarez Mairata, el editor Henry Eric Hernández, la escritora Lien Estrada, y los influencers El Gato de Cuba y Ari Guibert.
Jancel Moreno, katherine Bisquet, Héctor Valdés Cocho y Nelson Álvarez Mairata, fueron desalojados.
Aumentaron los reportes de personas castigadas con pérdida de sus estudios o empleos estatales por publicar opiniones o informaciones en Facebook, como le pasó al estudiante de medicina José Carlos Santos.
Sin llegar a ser expulsados, fueron amenazados por sus opiniones en Facebook, el pastor Manuel Cecilio Ramos y el médico Sandor Fenollar, entre otros. A Sadiel González le arrebató el teléfono un policía por filmar un acto de repudio. Al activista Bárbaro de Céspedes le han quitado varias veces los teléfonos con que trasmitía de forma directa desde la calle.
También, el Instituto Cubano para la Libertad de Prensa (ICLEP) reportó un sostenido acoso contra todos los encargados de los boletines comunitarios que produce. Citaciones policiales, registros a casas, decomiso de bienes de trabajo, cortes de comunicación y amenazas de prisión, son los hechos más comunes que refieren recibir sus colaboradores.
Se reportó el cierre de la edición impresa del boletín Vida Cristiana, único medio no estatal autorizado a distribuirse nacionalmente y en papel. Frecuentemente publicaban artículos críticos. La causa alegada fue la falta de papel de este producto en el país.
Varios comunicadores, la mayoría mujeres y miembros de la comunidad LGTBI, reportaron ciberacoso y amenazas de violencia desde redes sociales. El robo o destrucción de teléfonos móviles de los periodistas, por parte de las autoridades policiales sigue siendo una práctica común.
Siguen bloqueados decenas de portales de la prensa independiente y de organizaciones internacionales de derechos humanos, así como plataformas de recogida de firmas. El régimen financia un amplio sistema de hackeo contra cuentas de activistas y periodistas independientes.
