La noticia no llega al campamento de La Cruz de Guanacaste, que en el verano albergó a más de 300 cubanos y donde hoy solo permanecen 28 repartidos en 8 escuálidas carpas.
La incertidumbre, la desesperanza y las precarias condiciones de vida en el sitio fueron razones que, según los migrantes, justificaron la estampida de los caribeños rumbo norte en un desafío frontal a trochas, ríos y caminos peligrosos.
Una resolución, publicada este jueves en la Gaceta, concede permanencia en Costa Rica por un período de dos años prorrogables, con derecho a realizar actividades laborales, a migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
“Hasta el momento ningún funcionario gubernamental ha venido a informarnos de nuestros derechos o deberes previstos en esta disposición”, dijo Danyer Suárez, uno de los pocos que reside en el campamento conocido como Catem, actualmente en cuarentena debido a que uno de los custodios contrajo coronavirus.
“Por lo que he podido leer, espero que podamos alcanzar un estatus de residencia permanente y seamos insertados en la sociedad tica con todos los derechos y deberes como ciudadanos de este país”, comentó.
La resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería establece una categoría especial de carácter humanitario a cubanos, nicaragüenses y venezolanos, tomando en cuenta la situación política, sanitaria y social que se vive en esas naciones.
El cubano Adam Ramírez tuvo que abandonar el campamento en semanas recientes luego de recibir una orden deportación, una resolución poco común en el caso de Costa Rica.
Desde un país centroamericano que por seguridad prefirió no revelar, manifestó su solidaridad con “esos hermanos con quienes compartí en fronteras la conquista de un sueño”.
“Yo espero que esta decisión sea para todo cubano que lucha por un estatus legal en Costa Rica. A mí me negaron el refugio y me dictaminaron deportación, pero igual estoy muy contento por ese beneficio que les darán también a nicaragüenses y venezolanos”.
Pero vivir en el campamento de Las Cruces no es solo estar atrapado en el tiempo, sino también en el desespero, la soledad y la lucha por la supervivencia.
“Que lo implementen lo antes posible y no le den largo o demoren, como ha sido tendencia en Costa Rica”, señaló Suárez.
En una de las tiendas de campañas, Beatriz Pérez, de 54 años y uno desde que llegó a Costa Rica, se recupera de una cirugía en su pierna derecha. Desde una silla de ruedas, habla con desdén y sin entusiasmo.
“Estoy alarmada, no sé hasta qué punto seremos favorecidos. Lo que más deseo es un reasentamiento en un país que nos acoja con mayor cordialidad, con mejores condiciones”, dijo.
Beatriz relató que hay experiencias, y malas, en el caso de cubanos que han sido entrevistados, recibido el visto bueno para un proceso migratorio camino al refugio o al permiso de residencia, y ahí han quedado.
“Está por ver si nosotros, los cubanos que venimos de una tiranía, y que tenemos aquí la misma tiranía, pero con menos condiciones, podemos seguir adelante”.
En Miami, el activista Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia y defensor de los derechos humanos de los inmigrantes, describió la medida como una protección generosa a personas que escapan de gobiernos dictatoriales.
“Saludo el paso que ha dado el gobierno de San José. La historia de Costa Rica siempre ha sido la de tener un corazón amplio para las personas que buscan libertad”, manifestó el activista.
“A pesar de ser un país pequeño, Costa Rica tiene gestos altruistas que son más grandes que su territorio nacional”, acotó Sánchez.
Jean Pierre Mora, de la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en Costa Rica, dijo a este reportero que el ente revisa detalladamente el documento, y que una vez concluido su estudio emitiría un pronunciamiento.
