Brandon David Becerra, de 18 años y Brayan Piloto Pupo, de 16, son dos de los prisioneros políticos menores de edad que permanecen tras las rejas por su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio en La Habana. Han estado encarcelados durante todo el proceso investigativo y de instrucción penal hasta su juicio, y ahora después del juicio, porque todos los cambios de medida cautelar presentados por sus abogados fueron sucesivamente rechazados por los órganos que administran la justicia en Cuba.
De acuerdo a cifras de la Fiscalía General de la República hay procesados 55 menores de entre 16 y 18 años de edad, por delitos como desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza y violencia, atentado, sabotaje e, incluso, sedición. De ellos, reconoce que 28 están encarcelados en régimen de prisión provisional y a 27 se les aplicó lo que denominan el “procedimiento legal establecido”.
La nueva petición presentada por los representantes legales de Becerra y Piloto solicita que puedan esperar en sus hogares el pronunciamiento del tribunal sobre sus sentencias.
La gestión fue rechazada por el Tribunal alegando que los delitos por los cuales fueron juzgados son graves, revisten connotación social y demuestran un notorio irrespeto a los derechos de los demás miembros de la sociedad.
Los menores fueron juzgados el pasado 3 de febrero en el Tribunal Popular de 10 de Octubre junto a otros 29 manifestantes en un proceso cuyos asistentes denunciaron como “amañado, manipulado y lleno de falsas acusaciones y testigos falsos”, para Brandon Becerra, sobre quien pesaba una petición fiscal de 18 años de prisión por el supuesto delito de “sedición”. Durante el juicio la fiscalía solicitó 5 años de “privación de libertad subsidiada por trabajo correccional sin internamiento”.
Para Brayan Piloto Pupo, con petición fiscal de 16 años de privación de libertad por el delito de sedición; también pidieron 5 años de “privación de libertad subsidiada por limitación de libertad”, entendida como reclusión domiciliaria.
Al respecto, Yanaisi Curbelo, madre de Becerra, explicó en entrevista con Radio Martí que lo estipulado es que, después de concluido el proceso judicial, el Tribunal demorara en pronunciarse “de 4 a 5 días […] y el problema es que, como los juicios no se hicieron independientes, fueron 31 acusados, ahora a hay que esperar a que bajen la sentencia confirmada de los 31 acusados, esperar a que esos acusados apelen, que estén las sentencias de las apelaciones y entonces, sacan todas las sentencias juntas”.
“O sea, que mi hijo puede estar en la cárcel uno, tres, o seis meses más”, alegó Curbelo, quien pudo hablar con su hijo, quien “estaba triste” pero al tanto de que algo así podía suceder, puesto que lo había escuchado en conversaciones con otros reclusos.
Durante los juicios celebrados en febrero en el municipio de 10 de Octubre, familiares y activistas que esperaban los resultados en las afueras del Tribunal fueron violentamente arrestados por miembros de la policía política del régimen mientras, dentro de la sala de juicio la situación también llegó a tensarse, provocando que los acusados se negaran a prestar declaración.
Cubalex y Justicia 11J, son las agrupaciones que han hecho el monitoreo más exhaustivo de las detenciones, procesos judiciales y juicios tras la manifestaciones masivas de julio de 2021. Ambos grupos consideran a los detenidos como presos políticos, porque salieron a ejercer su derecho a la protesta e insisten en hablar de “niños presos políticos” porque, si bien el Estado cubano fija en 16 años la edad mínima para adquirir responsabilidad penal, Cuba es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera menor de edad a todo aquel que no haya cumplido 18 años.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
