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Los tres activistas que protestaron en Las Tunas en abril ya tienen petición fiscal


Los tres activistas que protestaron en Las Tunas. (Foto: Facebook).
Los tres activistas que protestaron en Las Tunas. (Foto: Facebook).

Tras mantenerlos por siete meses en prisión preventiva, la Fiscalía Municipal de Las Tunas formuló sus conclusiones provisionales para los tres activistas que protestaron el 21 de abril contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas "por imponer desmedidas multas a la población hambreada".

"¡Abajo la dictadura, aquí es Patria y Vida, no más Patria o Muerte! Ya está bueno de tanto abuso", gritan los manifestantes en un video divulgado en Facebook por esos días.

El órgano acusatorio pide 7 años de privación de libertad para el cuentapropista Damián Hechavarría, por el que se originó la protesta, y 5 y 2 años respectivamente para los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora Santiesteban; todos acusados de los delitos de atentado, desobediencia y desacato. Todavía no ha sido informada la fecha del juicio.

“Es una farsa montada para acallar las voces que se alzaban aquí en la provincia de Las Tunas”, dijo Holmis Rivas Carmenate, esposo de Taimir García.

“Ella ha sido sometida, por la guarnición del penal, a disímiles torturas psicológicas, físicas”, añadió. “Sabemos que son delitos fabricados pero que ellos tendrán que cumplir sus condenas porque la dictadura se ha enfrascado en someterlos para sacarlos de la circulación pública”.

García Meriño se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5, de la Prisión de Mujeres, en la provincia de Camagüey; Hechevarría Labrada, en la cárcel El Típico de la provincia tunera, y Adrián Góngora Santiesteban en la Prisión Provincial de Holguín.

“A los tres se les han negado todas las peticiones de cambio de medida cautelar que el abogado, Yosdelmis Álvarez Segura, ha presentado. También se han excedido en los términos de cada proceso de conformación del expediente”, indicó Rivas.

La fase preparatoria o investigativa la realiza el Ministerio del Interior, con la supervisión y control del Fiscal. El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses según la Ley de Procedimiento Penal cubana.

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