La mediación estatal en las importaciones y exportaciones de los cuentapropistas no es más que un "peaje innecesario", y con su aplicación el sector privado pudiera quedar expuesto a sanciones de Estados Unidos por participar en operaciones que involucran al gobierno de Cuba, según el análisis de un experto.
"La obligación de operar el comercio exterior a través de empresas estatales cubanas significa que estas operaciones podrían ser perseguidas por las sanciones económicas de Estados Unidos", escribió en su blog el economista Mauricio de Miranda Parrondo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia.
De Miranda Parrondo presenta inicialmente los que, a su juicio, son los aspectos prácticos fundamentales de las normas que regulan las relaciones entre los trabajadores por cuenta propia y cooperativistas, denominados “formas de gestión no estatal”, y las empresas estatales exportadoras e importadoras, publicadas en la Gaceta Oficial el 17 de agosto.
Resume su inventario en ocho puntos, el primero de los cuales cuestiona por qué el gobierno cubano no incluyó dólares australianos ni zeolandeses entre las monedas libremente convertibles (MLC) con las cuales se pueden abrir cuentas, y luego pasa al análisis de lo que esas medidas representan.
"Todas estas normas se resumen en algo muy sencillo: los exportadores e importadores, pertenecientes a las llamadas 'formas de gestión no estatal', deben pagar al Estado cubano un 'peaje' en moneda libremente convertible, por operar en el comercio exterior (indirectamente a través del Estado mismo)", escribe el experto.
Observa, además, que el peaje impacta no uno, sino varios niveles.
"Este peaje es múltiple, porque se pagan en MLC servicios que deberían cobrarse en la moneda nacional a la tasa de cambio correspondiente, porque se prestan dentro del país, más un margen comercial también en MLC, que no establece el mercado sino que lo determina el monopolista (es decir, la entidad estatal de comercio exterior)", indica el profesor.
El Artículo 12 del Reglamento emitido por el Ministerio de Comercio y la Inversión Extranjera deja claro que los gastos del mediador estatal se cobrarán en dólares a los cuentapropistas, además del 20 por ciento impuesto como "margen comercial".
"Todos los gastos en que incurran las entidades autorizadas, incluido su margen comercial, se deducen en dólares estadounidenses de las cuentas corrientes de las formas de gestión no estatal", reza ese artículo, como puede leerse en la Gaceta Oficial.
Al explicar cuáles son las secuelas posibles de estas medidas, De Miranda Parrondo subraya que lo que obliga a los empresarios privados y a los cooperativistas a pagar ese "margen comercial" no es el mercado, sino la condición de monopolista de la empresa estatal de comercio exterior.
"Ello podría traer como consecuencia que, en el caso de las exportaciones, el precio final se encarezca excesivamente y el producto o servicio exportable pierda competitividad o que, para mantener un precio competitivo a partir de las condiciones del mercado internacional, y tomando en cuenta costos de operaciones y márgenes de beneficio impuestos por las empresas de comercio exterior, el empresario privado considere que realizar la exportación no resulta suficientemente remunerativo", advierte el experto.
Si se trata de empresarios privados que necesitan importar maquinarias, insumos o bienes intermedios, la importación podría resultar excesivamente costosa y atentar contra la viabilidad del negocio, dice el economista.
"Una vez más, el Estado cubano aparece como una institución 'extractiva' que, lejos de estimular el emprendimiento y la iniciativa, los restringe y penaliza", escribe De Miranda Parrondo.
Llama la atención, además, sobre la excesiva complejidad de todas las operaciones por la existencia de una moneda nacional que, "a pesar y en contravención de la ley, carece, en realidad, de curso forzoso y fuerza liberatoria ilimitada en todo el territorio nacional y al mismo tiempo resulta inconvertible dentro del país por carecer de un tipo de cambio único y adecuado".
Igualmente, lamenta que no haya mecanismos de crédito de fomento para incentivar las exportaciones del sector privado y la importación de bienes intermedios que luego sirvan para desarrollar producciones exportables.
Sus recomendaciones al gobierno de Cuba se resumen en abandonar el monopolio estatal del comercio exterior y asegurar los ingresos del Estado en este renglón mediante un sistema arancelario que proteja la producción nacional, estimule las exportaciones y facilite las importaciones eventualmente dedicadas a producir, sobre todo, bienes exportables.
También pide "unificar el sistema monetario, basado en una moneda nacional convertible, con una tasa de cambio única, económicamente fundamentada, a partir de las condiciones de precios y niveles de competitividad relativos de la economía nacional y la economía internacional", y crear líneas de crédito y fomento.
