"La gente de la I-220A no son ilegales", afirmó la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar en una entrevista concedida el lunes al canal AméricaTeVé del sur de la Florida.
La republicana defendió que se trata, por lo general, de jóvenes "que están contribuyendo a la sociedad y que tienen una vía hacia la legalidad que se llama Ley de Ajuste Cubano".
En conversación con el periodista cubano Juan Manuel Cao, Salazar reiteró el compromiso de interceder por estos casos con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), "para que entiendan que los I-220A son gente que tienen una protección" y que pueden acogerse a dicha ley.
El Cuban Adjustment Act, vigente desde 1966, permite a los cubanos solicitar la residencia permanente en Estados Unidos tras permanecer un año y un día en ese país.
La congresista dijo que la I-220A es un asunto "central" para ella y se mostró confiada en que luego de conversaciones con funcionario del DHS "no han habido más detenciones".
Salazar se refirió, en particular, a sus gestiones para liberar a Laura de la Caridad González Sánchez, una cubana de 25 años, estudiante de Enfermería, quien fue detenida cuando acudió a una cita de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una oficina de Miramar, en el condado floridano de Broward.
La representante confirmó que hay otros 18 cubanos con I-220A, "que en estos momentos están detenidos" y animó a los ciudadanos a reportar a su oficina cualquier otro caso similar.
A su juicio, el I-220A es un "invento" de la pasada Administración de Joe Biden y aseguró que en varias ocasiones exigió que a los cubanos se les otorgara un "parole in place", que les permite acogerse al Ajuste Cubano.
"La gente de Biden no lo quiso hacer. Esa es la verdad y tuvieron cuatro años para hacerlo, Mayorkas siendo cubano americano. No les dio la gana", declaró en referencia a Alejandro Mayorkas, quien fue el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos desde 2021 hasta 2025.
Salazar mencionó el esfuerzo concertado con los legisladores cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez para interceder ante la Administración Trump y resolver este asunto.
"Los tres estamos hablando el mismo idioma", dijo.
Se estima que son cientos de miles de cubanos los que, al entregarse a las autoridades de la frontera, fueron liberados con el formulario I-220A, que les obliga a asistir a audiencias en la corte de inmigración y reportarse periódicamente a las autoridades.
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