El Departamento de Agricultura pidió al Congreso un millón y medio de dólares para que cinco funcionarios adelanten desde Cuba, a tiempo completo, la logística que permita incrementar el intercambio comercial cuando el Congreso levante el embargo a la isla.
"Esto es realmente importante. Pedí al secretario (de Estado John) Kerry espacio en la embajada" estadounidense en La Habana para estos funcionarios, dijo el miércoles el secretario de Agricultura Tom Vilsack.
Las declaraciones de Vilsack tuvieron lugar durante una conferencia organizada por la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba (USACC, sigla en inglés), una treintena de compañías agrícolas y alimentarias estadounidenses a favor de anular el embargo.
Levantar el embargo no será fácil, especialmente en un año electoral, admitió el funcionario pero agregó que "en algún momento... tiene que terminar".
Devry Boughner Vorwerk, presidenta de USACC, considera que la presencia de los cinco funcionarios en Cuba es "prioridad número uno" porque "necesitamos que estén allí permanentemente para comenzar a dialogar con el Gobierno cubano y nuestra contraparte sobre aspectos técnicos de comercio e inversión".
Vorwerk dijo que la coalición enviará una misión a Cuba en abril con la meta de acordar con los agricultores cubanos un diálogo continuo en las áreas de comercio bilateral, producción, sostenibilidad, cadenas de distribución, inversión e investigación.
La empresaria dijo estar "decepcionada" porque el embargo sigue en pie pero "esperanzada" por la creación de un grupo bipartidista de trabajo en la cámara baja y la presentación de varios proyectos de ley desde que su gremio celebró un evento similar en enero de 2015; y enfatizó:
"Todos los caminos llevan al Congreso".
Los agricultores sostienen que el principal obstáculo para vender a Cuba es una prohibición para extenderle crédito a la isla en el caso de los alimentos.
La Ley de Reforma de las Sanciones y Fortalecimiento de las Exportaciones del año 2000, que hizo una excepción al embargo para vender a Cuba alimentos y medicinas, estipula que La Habana tiene que pagar en efectivo y por adelantado, o la compra tiene que ser financiada por instituciones financieras de un tercer país.
Esto no desapareció con las medidas ejecutivas adoptadas por el presidente Barack Obama para atenuar las sanciones comerciales a Cuba, que en su tercera fase, anunciada en enero, permite que entidades estadounidenses financien con créditos exportaciones a empresas estatales cubanas dedicadas a proveer bienes y servicios al pueblo de la isla, aunque la última palabra corresponde a la Tesorería, que debe decidir caso por caso.
Washington aún prohíbe el turismo estadounidense en Cuba y el Gobierno de Obama no puede eliminar el embargo sin la aprobación legislativa, un escenario improbable mientras alguno de los hermanos Castro siga gobernando la isla.
La senadora demócrata Heidi Heitkamp dio como un hecho que el Congreso no levantará el embargo durante la sesión legislativa bianual en curso que terminará el 31 de diciembre. Por ello, propuso apoyar un proyecto de ley de su autoría para no depender solamente de las acciones presidenciales.
La eliminación del embargo "no ocurrirá antes de las elecciones" presidenciales de noviembre, dijo la senadora por Dakota del Norte. "Pero sí podemos aprobar leyes parciales de manera gradual, y no tener sólo las medidas ejecutivas, podremos avanzar".
Heitkamp y el republicano por Arkansas John Boozman presentaron en abril de 2015 un proyecto de ley para permitir a los agricultores estadounidenses acceso al financiamiento de exportaciones agrícolas a Cuba.
Estados Unidos y Cuba restablecieron el año pasado relaciones diplomáticas y reabrieron embajadas tras una ruptura de medio siglo.
