Un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba, informó la organización internacional Prisoners Defenders (PD).
Los once nuevos prisioneros son, fundamentalmente, activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos, “para hacer visible su situación”, explicó Javier Larrondo, presidente de PD.
En febrero, salieron de la lista 22, “la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción”.
Continúan detenidos 30 niños y 4 niñas, de un total de 34 menores que aún cumplen sentencia o están siendo procesados. También, al menos, 116 mujeres, incluyendo a dos transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, “sufriendo situaciones indescriptibles para su condición sexual”, subrayó la organización, con sede en Madrid, España.
“Tras las exigencias papales de libertad para todos ellos, que fuera comunicada por Beniamino Stella, y la demostración irrefutable de que todos los procesos, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas”, exigió Larrondo.
PD considera que las liberaciones “redundarán en dar libertad a cientos de inocentes, y en el cese de la tortura en prisión”.
A inicios de marzo, la organización dio a conocer en Madrid la denuncia “1.000 familias cubanas contra el gobierno cubano”, que será presentada ante Naciones Unidas.
La demanda expone los “patrones violatorios” del sistema cubano de justicia y la “arbitrariedad e ilegalidad” que sufren “miles de familias en Cuba, solo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades, con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados”, y con largas condenas.
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