La Justicia ecuatoriana ratificó el lunes una sentencia de ocho años de cárcel impuesta al expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente y otros antiguos colaboradores por corrupción.
Los abogados de Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros 18 involucrados, entre ellos exministros, funcionarios públicos y empresarios, habían apelado una primera decisión judicial del 7 de abril, pero sus argumentos fueron rechazados por los tres jueces de un nuevo tribunal penal.
Del total de 20 sentenciados, la ex asesora del exmandatario, Pamela Martínez, y su asistente, Laura Terán, recibieron penas reducidas de 38 y 19 meses respectivamente, por su colaboración para descubrir la trama de corrupción.
De acuerdo con las investigaciones, la trama consistía en recibir pagos en efectivo y bajo un esquema de cruce de facturas, con lo cual los señalados obtenían dinero para proselitismo del partido de gobierno Alianza País y en beneficio propio. Los pagos ilegales sumaron 7,5 millones de dólares, según se ventiló en el caso.
Tras esa resolución, los procesados pueden presentar un último recurso de casación que básicamente revisa vicios de procedimiento.
Correa (2007-2017) vive en Bélgica junto a su familia desde mayo de 2017 luego de traspasar el después en medio de acusaciones mutuas.
El exmandatario no cumplirá ninguna sentencia mientras se encuentre en Europa, pero tampoco podrá regresar a Ecuador debido a que el delito por el que fue condenado es imprescriptible. Además, Correa y Glas fueron inhabilitados para participar en política por 25 años.
La trama de corrupción fue descubierta inicialmente por una investigación periodística.
