Con allanamientos a sus viviendas, arrestos, multas exorbitantes y amenazas, la Seguridad del Estado arremetió en solo un día contra cuatro periodistas independientes, así lo confirmaron a Radio Televisión Martí los comunicadores.
El 24 de abril, Enrique Díaz fue arrestado luego de que agentes del Ministerio del Interior realizaran un registro en su domicilio en Marianao, La Habana.
Tras ser liberado, Díaz dijo a nuestra redacción que la orden de registro estaba sustentada en que desarrolla una “actividad económica ilícita”.
"Dejaron mi casa “patiparriba” pero no incautaron nada, aun así, me condujeron a la 6ta unidad policial del municipio donde, frente a una cámara, un oficial de la Seguridad del Estado denigró la labor de la prensa independiente", señaló Díaz.
"Más tarde me condujeron a otra estación y allí me instruyeron de cargos de difusión de noticias falsas, y me multaron con 3,000 pesos bajo el Decreto Ley 370”.
El reportero Vladimir Turró Paez fue apresado cuando intentaba entrevistar a la esposa de Díaz sobre lo sucedido. Permaneció retenido en un vehículo patrullero durante tres horas, según denunció el comunicador.
“Dentro del carro de la policía, un teniente coronel me aseguró que, además de ser miembro del Ministerio del Interior, él es sepulturero, y que va a enterrarnos a todos los opositores. Inmediatamente después me devolvieron mi teléfono y me soltaron, sin multa”, explicó.
El mismo día, el Jefe de Sector de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) se personó en la casa de Waldo Fernández Cuenca, ubicada en el municipio habanero Diez de Octubre, para advertirle que debía comenzar a trabajar, una amenaza velada con la ley de peligrosidad social predelictiva.
"Me dijo que tengo que ponerme a trabajar. Yo le recordé que soy periodista independiente, pero me contestó que esa actividad es ilegal”, denunció Fernández Cuenca. "Me avisó que seguirá presentándose en mi vivienda porque yo estoy dentro del potencial delictivo de la comunidad".
En Bayamo, provincia Granma, fue detenido, registrado su hogar y amenazado con una multa de 3,000 pesos bajo el Decreto 370, Roberto Rodríguez Cardona.
“La orden de registro me acusaba de tener vínculos con personas de interés de la INTERPOL asociadas con terrorismo. En realidad, según me dijo el capitán que me interrogó, lo que buscaban era equipos electrónicos, celular, laptop u otro medio con el que pudiera emitir criterios contrarios a la moral socialista”, indicó Rodríguez.
“Me mantuvieron por varias horas parado bajo el sol en la Unidad Provincial de Instrucción y luego me trasladaron a la estación policial conocida como "Los Caballitos". Allí pasé la noche con otras 7 personas, dos de las cuales tuvieron que dormir en el suelo porque no alcanzaron colchones. Todos sin nasobucos, en una pequeña celda”, subrayó el informador.
“En la tarde del sábado -agregó Rodríguez- me excarcelaron con la amenaza de que si encontraban cualquier comentario contra los dirigentes de la revolución o cualquier referencia a la ineficiencia de las autoridades para combatir la pandemia, tanto en mi perfil de Facebook como en el de mi esposa, sería instruido de cargos bajo el Decreto 370”.
“Esta normativa la están aplicando no sólo a opositores o periodistas independientes, sino a cualquier persona que cuestione en las redes sociales al gobierno. Y esto lo está haciendo con el propósito de que la gente tenga miedo de que le pongan una multa o le decomisen su teléfono”, dijo el reportero.
“Es una estrategia del régimen para evitar que salgan a la luz críticas a su gestión durante la epidemia del coronavirus”, apuntó el periodista bayamés.
