Cuba pondrá en vigor en 30 días una resolución que en teoría buscará proteger los derechos del consumidor y parar el creciente descontento por los altos precios, el trato deficiente, la falta de garantías y calidad de la mayoría de los productos y servicios que compran al Estado o a privados.
La resolución No. 54 del 2018 publicada el viernes en la Gaceta Oficial parte del hecho de que en Cuba no existe una ley que regule la protección al consumidor.
Tampoco existe una política que paute estrategias en este tema, aunque desde la década de 1960 existen unos pocos mecanismos que cuando funcionan son lentos y de dudosa eficacia.
"Ante esta dispersión legislativa y debido a la tendencia creciente de las violaciones de los derechos de los consumidores, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) aprobó la Resolución No. 54 del 2018", comentó el periódico estatal Granma.
¿Quién tiene la razón?
En Cuba el mercado minorista está bajo el control estatal. La oferta es limitada, los precios altos y el trabajo de inspectores estatales que deberían velar por los intereses de los clientes, a menudo son compinches de gerentes a los que cobran mensualidades para dejar pasar todo tipo de irregularidad.
Cubanos que han ofrecido sus testimonios a Radio Martí se quejan, -por ejemplo-, de los precios adulterados y productos de primera necesidad como alimentos que con frecuencia están fuera de la fecha de vencimiento.
La política de garantía para equipos electrodométicos que son vendidos a altos precios es casi inexistente. Si su regrigerador o su lavadora se rompen lo que más logrará es que lo remitan a un taller de reparaciones que lo abre y repara si esto es posible.
Y ahí no para...
Los productos y servicios que ofrecen cuentapropistas a menudo están limitados debido, -en parte-, a que no cuentan con un mercado mayorista que garantice insumos y deben moverse fino cuando inspectores estatales aterrizan en sus negocios en busca de "ilegalidades".
Martí Noticias reportó hace una semana sobre la creciente preocupación en Guantánamo por la venta de embutidos elaborados por privados.
"Te estás comiendo una carne y no sabes si es de majá o de cocodrilo (...) producen cosas que no son agradables ni a la vista ni a la salud", dijo recientemente la guantanamera Amidolis Columbié Matos al reportero Anderlay Guerra Blanco.
Los cuentapropistas que ofrecen bienes y servicios se quejan de las altas multas que reciben de inspectores estatales.
"Los inspectores se dejan sobornar, pero si te quieren echar pa’lante te fastidiaste porque tú no tienes ningún derecho", dijo en abril a Radio Martí Rebeca Monzó, autora del blog "Por el ojo de la aguja", quien aseguró que los cuentapropistas no tienen ningún recurso de defensa.
La nueva resolución aplicará para negocios y servicios gestionados tanto por el Estado como por particulares.
La norma no fija plazos para que clientes reciban respuesta a quejas y reclamaciones. En su lugar dice que serán atendidos con prontitud y eficacia.
[Escrito a partir de texto de Gaceta Oficial y Archivo de Martí Noticias]
