Los jóvenes Loicer Castro Herrera y Osbel Calzada Claro, manifestantes del 11J en Cuba, fueron puestos este jueves en libertad bajo fianza justo al cumplir un mes y un día de estar detenidos en la estación policial de Nueva Gerona, Isla de Pinos. Ambos están acusados de desorden público.
“Ellos estaban en el grupo que estaba en el parque principal de Nueva Gerona, cerca de la Glorieta”, dijo Daimaris Herrera, madre de Loicer.
Castro Herrera y Calzada Claro, miembros del Partido Autónomo Pinero, fueron apresados en la tarde del 11 de julio cuando junto a centenares de gerundenses reclamaban libertad en el parque principal de su ciudad.
“Llegaron los policías y las Brigadas de Respuesta Rápida y comenzaron a dar palos a la gente y a montarlos en camiones y carros. A mi hijo le cayeron arriba 6 agentes. Se los llevaron con otros más para la unidad, y gracias a Dios, los soltaron hoy, después que ustedes [Radio Televisión Martí] me hicieran entrevista en vivo”, aseguró la pinera.
Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez arrestado también durante las protestas en la capital pinera y recluido aun en la unidad policial local.
“El problema es que a Juan Luis lo están acusando de ¨atentado´ porque cuando a mi hijo los policías lo estaban apaleando, él se metió a defenderlo y en el barullo le dio un golpe a un policía”, relató Herrera.
Un número no precisado de personas continúan detenidas en la unidad policial de Nueva Gerona tras participar en la manifestación del 11 de julio. Otras ya han sido trasladadas a la cárcel del Guayao, entre ellas el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar Infante y el activista Francisco Alfaro Diéguez.
Una petición lanzada en la plataforma Change.org. solicita la liberación de las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11 de julio, así como información detallada de los casos y de los procesos iniciados contra las víctimas de la represión.
Asimismo, exige Información relativa al número de personas que han sido detenidas como consecuencia de las protestas en todo el país, transparencia en los procesos legales y acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y de los tribunales en todas sus instancias.
