El pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), realizado este sábado tras la lectura de una carta de Raúl Castro —sin explicar por qué no estuvo presente—, aprobó la solicitud del jerarca de la isla de posponer la celebración del próximo congreso, inicialmente previsto para abril de 2026.
Los estatutos del PCC establecen que su congreso —presunto máximo órgano de decisión— debe celebrarse cada cinco años. Sin embargo, la práctica histórica demuestra que esa norma ha sido sistemáticamente ignorada, con largos períodos de silencio congresual que revelan una realidad incómoda: el PCC no funciona como una institución regulada por normas, sino como un instrumento subordinado al poder político.
El Partido Comunista de Cuba ha celebrado hasta la fecha ocho congresos: el I Congreso, del 17 al 22 de diciembre de 1975; el II Congreso, del 17 al 20 de diciembre de 1980; el III Congreso, del 4 al 7 de febrero de 1986; el IV Congreso, del 10 al 14 de octubre de 1991; el V Congreso, del 8 al 10 de octubre de 1997; el VI Congreso, del 16 al 19 de abril de 2011; el VII Congreso, del 16 al 19 de abril de 2016; y el VIII Congreso, del 16 al 19 de abril de 2021.
La irregularidad en la celebración de los congresos del PCC —pese a que los estatutos establecen una periodicidad de cinco años— responde a una combinación de factores estructurales, políticos y coyunturales, más que a simples retrasos administrativos. El caso más elocuente es el período 1997–2011, cuando Cuba pasó 14 años sin celebrar un solo congreso, el mayor vacío en la historia del partido.
Tras el I Congreso (1975), celebrado en el marco de la llamada “institucionalización” o “sovietización” del régimen, el calendario se cumplió solo parcialmente. Pronto quedó claro que los congresos no eran un mecanismo regular de deliberación política, sino eventos convocados únicamente cuando resultaban funcionales al liderazgo.
Mientras Fidel Castro mantuvo el control absoluto del poder, el PCC operó como un órgano de ratificación, no como un espacio de debate. En ausencia de competencia política, oposición legal o consecuencias por incumplir los estatutos, no existía incentivo real para respetar la periodicidad quinquenal.
Hubo períodos en los que convocar un congreso habría evidenciado fracturas internas o debilidad, algo que el régimen evitó sistemáticamente. El IV Congreso (1991) se celebró en plena desintegración del bloque socialista. Tuvo un tono defensivo, no programático, y tras ese cónclave el país entró en el Período Especial, lo que explica el retraso del V Congreso hasta 1997.
El V Congreso (1997): cierre de filas, no apertura
El V Congreso del PCC, celebrado en octubre de 1997, marcó el inicio del período más prolongado sin congresos. Lejos de ser programático, fue un congreso defensivo. Cuba acumulaba entonces seis años de Período Especial, el PIB había caído alrededor de un 35 % desde 1989 y se habían aplicado algunos cambios hasta entonces tabúes en la sociedad cubana: legalización del uso del dólar, apertura al turismo extranjero y un cuentapropismo estrictamente controlado, simbolizado en los llamados paladares.
Lejos de ser programático, el de 1997 fue un congreso defensivo...
El mensaje fue inequívoco: nada de reformas políticas y las económicas serían temporales y reversibles. Ese congreso cerró cualquier posibilidad de debate interno real y dejó al partido en estado de congelación institucional. El V Congreso no fue un ejercicio de proyección estratégica, sino de resistencia política.
El aislamiento internacional tras la Ley Helms-Burton comenzaba a sentirse con fuerza; se afianzaba la dependencia de las remesas y el turismo, y las autoridades, tras la estampida migratoria del verano de 1994, temían que cualquier apertura política derivara en una dinámica similar a la de Europa del Este. Convocar un congreso habría obligado a reconocer el agotamiento del modelo, algo inaceptable en ese momento.
Durante esos años, Fidel Castro mantuvo el control total del sistema. El PCC dejó de renovarse y de proyectar estrategias. No se actualizaron estructuras económicas ni políticas, no se discutió el colapso del modelo y el Buró Político funcionó como un órgano formal, no deliberativo. Convocar un congreso habría implicado reconocer una crisis estructural, algo que el régimen evitó deliberadamente tras el colapso soviético.
La Primavera Negra de 2003 —con 75 opositores encarcelados— y los tres secuestros con ejecuciones sumarias enviaron un mensaje claro: cero tolerancia al pluralismo. El régimen reafirmó la lógica de la unidad forzada y descartó cualquier discusión interna, incluso controlada. La celebración de una cita partidista habría generado expectativas que el poder no estaba dispuesto a tolerar. Desde ese momento, la parálisis partidista fue total.
La llegada de Hugo Chávez al poder proporcionó a Cuba un nuevo sostén externo. Desde Venezuela llegó el petróleo subsidiado, sustituyendo el “maná soviético” desaparecido años antes. Se implementó además la exportación de servicios médicos —la llamada trata de “batas blancas”— como fuente de ingresos. Todo ello permitió un alivio financiero temporal. La dependencia venezolana sustituyó a la soviética, sin institucionalizar el sistema.
Esto permitió al régimen postergar definiciones estratégicas, revertir parcialmente reformas del Período Especial y reforzar el discurso anti-mercado.
La enfermedad de Fidel Castro, hecha pública en julio de 2006, creó una situación inédita y constituye el núcleo del problema de esos años. Se produjo una transferencia provisional del poder, opaca y sin reglas claras. No hubo información pública transparente; la prensa oficial alimentó la idea de un posible retorno de Fidel y del carácter temporal de su enfermedad, generando incertidumbre sobre el liderazgo futuro ante la ausencia de normas de sucesión.
En esas condiciones, convocar un congreso era políticamente inviable. Habría expuesto fracturas internas y forzado definiciones que el régimen prefirió manejar de forma opaca, mediante decretos y consensos informales.
Raúl Castro asumió formalmente la presidencia en 2008, dos años después de que su hermano se apartara del cargo. Sin embargo, carecía de legitimidad ideológica propia y gobernaba bajo la sombra de Fidel, que continuaba interviniendo a través de sus Reflexiones. Los cambios económicos introducidos entonces no contaron con respaldo congresual: se eliminaron algunas prohibiciones absurdas —como la entrada de cubanos a hoteles—, se ensayó un reordenamiento agrícola y apareció en el discurso oficial la promesa de la “actualización del modelo”.
El PCC siguió suspendido en el tiempo. No hubo congreso porque no existía consenso sobre el rumbo, ni margen para admitir públicamente el fracaso del modelo.
2011: el VI Congreso como acto de cierre
El VI Congreso del PCC (2011) no inauguró una nueva etapa; cerró la transición iniciada en 1997. Legitimó el liderazgo de Raúl Castro, aprobó los llamados Lineamientos que rigen la política económica del país y reconoció implícitamente el agotamiento del modelo previo. Solo entonces el poder consideró útil reactivar el mecanismo congresual.
A partir de 2011, los congresos volvieron a celebrarse con mayor regularidad, pero con una lógica distinta: legitimar los Lineamientos en el VI Congreso (2011), mostrar una continuidad controlada en el VII Congreso (2016) y, en el VIII Congreso (2021), formalizar el relevo generacional y la salida de los Castro de la dirección partidista.
La regla de los cinco años es retórica, no vinculante.
La regla de los cinco años es retórica, no vinculante. La experiencia histórica demuestra que los congresos del PCC no se celebran por mandato estatutario, sino por conveniencia política. El Congreso se convoca cuando el poder necesita respaldo y legitimación, no cuando los estatutos lo exigen. El incumplimiento de esas normas no genera consecuencias y, cuando no conviene reconocer crisis, fracturas internas o el agotamiento del modelo, simplemente no hay congreso. En ese esquema, el PCC no dirige el poder: lo recubre y lo justifica.
En Cuba, la institucionalidad partidista cede sistemáticamente ante la lógica del control. Los congresos, lejos de marcar el rumbo del país, se celebran únicamente cuando el liderazgo ya ha definido previamente la dirección a seguir. Por ello, los congresos del PCC no se realizan cada cinco años: el partido no opera como una institución regida por reglas, sino como un mecanismo flexible al servicio del poder político, donde no existe incentivo real para cumplir los plazos salvo cuando hacerlo resulta funcional al régimen.
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