Relatores Especiales de Naciones Unidas para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exigieron la atención urgente del gobierno cubano sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
El comunicador independiente fue detenido cuando realizaba "actividades periodísticas (...) en la cobertura de un proceso judicial de interés público", señalaron.
En una misiva dirigida al régimen de La Habana el 15 de noviembre, los relatores expresaron "profunda preocupación" por la persistencia de la criminalización por parte de las autoridades hacia "quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa" en la isla.
Las autoridades cubanas tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de ONU, un período tras el cual se hace pública esta comunicación.
La carta llama la atención, además, sobre la práctica del régimen cubano de "utilizar detenciones como método para la intimidación y hostigamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas", una acción violatoria y arbitraria bajo el derecho internacional.
La carta hace referencia a un reciente informe de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, que señala a "agentes estatales" como la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa.
Esta práctica, subrayan, debe ser desmantelada y sancionada.
"Los actos de violencia contra periodistas vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo", afirman los relatores en el documento.
Advierten que de ser verificadas las denuncias sobre este tipo de violaciones en Cuba, "formarían parte de un claro patrón de represión hacia las actividades de los periodistas independientes, y en particular hacia el libre ejercicio de la libertad de expresión" por parte de las autoridades de la isla.
Los relatores exigieron al gobierno cubano, entre otros aspectos, informar sobre "qué medidas han sido adoptadas para garantizar que [los periodistas] puedan llevar a cabo sus actividades sin temor de acoso, estigmatización o penalización de ningún tipo".
En el caso de Quiñones Haces, pidieron a La Habana "proporcionar información sobre los motivos y las bases legales de las detención efectuada, así como sobre las garantías procesales que se siguieron para evitar que la persona privada de libertad fuera sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Los relatores comunicaron su intención de expresar públicamente estas preocupaciones sobre Cuba "en un futuro cercano", bajo la consideración de que "existe un asunto que justifica una atención inmediata".
