La organización de asesoramiento legal Cubalex advirtió que la represión estatal en Cuba continúa siendo estructural y generalizada, incluso en medio de la crisis humanitaria agravada tras el paso del huracán Melissa, que devastó el oriente del país a finales de octubre y dejó un panorama de destrucción y abandono en amplias zonas del territorio nacional.
Según el más reciente informe mensual de Cubalex, durante octubre de 2025 se registraron 211 hechos violatorios de derechos humanos, que se tradujeron en 436 incidentes represivos en todo el país. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, y entre los municipios con mayor número de casos destacan Contramaestre, Camagüey y Santiago de Cuba.
La jefa del equipo de abogados de Cubalex, Giselle Morfi, explicó que el monitoreo permanente de la organización “pudo comprobar que la situación sigue siendo crítica en el país y que además se vio agravada por el contexto humanitario a partir del paso del huracán Melissa, que dejó más de 45 mil viviendas dañadas y alrededor de 700 mil personas que necesitan ayuda”.
Morfi señaló que, pese a la magnitud del desastre, “el Estado cubano impuso trabas a la asistencia humanitaria y mantuvo su política de control absoluto sobre todas las donaciones, lo cual es una evidencia de que en la gestión gubernamental se anteponen los intereses políticos por encima de las necesidades básicas e imprescindibles de la población cubana”.
Cubalex advirtió que el régimen de La Habana utilizó incluso el contexto de emergencia para reforzar el control político y económico sobre la población. El informe denuncia que las autoridades centralizaron la distribución de la ayuda internacional, prohibieron la entrega directa de donaciones por parte de organizaciones independientes y obstaculizaron el trabajo de grupos religiosos y de asistencia local que intentaban socorrer a los damnificados.
En medio de los estragos provocados por el ciclón y la precariedad generalizada, Cubalex registró 34 protestas ciudadanas en distintas provincias, motivadas por la escasez de alimentos, los apagones de más de 20 horas diarias, la falta de agua potable y el deterioro de los servicios médicos. La respuesta del régimen fue inmediata y represiva: agentes policiales y de la Seguridad del Estado realizaron detenciones, citaciones, multas y operativos de vigilancia contra los manifestantes.
La organización también documentó un alarmante aumento de la violencia en el país, con 94 hechos violentos y 19 asesinatos reportados durante el mes, lo que refleja un deterioro de la seguridad pública que contrasta con el rigor con el que el gobierno persigue cualquier expresión de descontento social.
Entre los patrones de represión más graves, Cubalex destacó las violaciones contra personas privadas de libertad, el uso de la violencia y el acoso, las detenciones arbitrarias, los traslados forzosos y las amenazas contra opositores, defensores de derechos humanos y sus familiares.
“Estos hechos muestran el uso sistemático de la fuerza, la criminalización del disenso y la negación de derechos fundamentales como la libertad personal, la integridad física y la libertad de expresión”, denunció Morfi.
La abogada también subrayó que la represión no se limita a los activistas, sino que alcanza a sus familiares y entornos cercanos, un fenómeno que Cubalex define como “represión por asociación”. “Hemos documentado casos de represalias contra familiares de personas críticas del régimen, incluyendo mujeres y niñas. Esto evidencia que la represión se extiende más allá de los activistas y alcanza incluso a quienes no participan directamente en la vida política”, explicó.
Según el informe, 143 personas fueron víctimas directas de violaciones de derechos humanos, entre ellas presos políticos, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y personas afrodescendientes, todos pertenecientes a grupos históricamente vulnerables.
Cubalex advierte que las condiciones carcelarias continúan siendo críticas. En numerosos penales persisten la desnutrición, la falta de atención médica y los casos de tortura y malos tratos. Varios presos políticos entre ellos Walfrido Rodríguez Piloto, Yosvany Rosell García Caso, Silvio Valdés Martínez e Idalberto Reyes Saroza mantienen huelgas de hambre en protesta por las condiciones infrahumanas y los abusos en prisión.
El informe también documenta episodios de exilio forzado, deportaciones arbitrarias y restricciones de entrada y salida del país como formas de castigo político. Casos como el del opositor José Daniel Ferrer, forzado al exilio junto a su familia, o el del pastor Alain Toledano, a quien se le impidió regresar a Cuba para visitar a su hija enferma, muestran la utilización de las políticas migratorias como instrumentos de represión.
“Los hallazgos de este mes confirman que la represión estatal en el país sigue siendo estructural, sigue siendo generalizada, y que incluso en medio de una crisis humanitaria severa, las autoridades continúan utilizando su aparato represivo, su legislación y la fuerza pública para silenciar el descontento social”, subrayó Morfi.
Cubalex concluye que el Estado cubano prioriza el control político por encima de la protección de la vida y los derechos de los ciudadanos, mientras el país enfrenta el colapso simultáneo de sus sistemas económico, sanitario y humanitario.
En palabras de Morfi, “Cuba vive un momento en que el gobierno usa la represión como respuesta sistemática al sufrimiento social, en lugar de garantizar soluciones y derechos básicos para su población”.
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