Un análisis detallado del Decreto Ley 370 y las violaciones que legaliza en Cuba contra las libertades fundamentales son el centro de un informe del Observatorio Legislativo de Cuba (OLC), iniciativa del proyecto regional Demo Amlat, Democracia en América Latina.
“Este informe lo hemos dedicado enteramente a hacer un análisis detallado sobre el Decreto Ley 370, cuál ha sido la forma en que ha sido aplicado en los últimos meses, cuáles son sus consecuencias para la libertad de expresión, y también la acción de organizaciones internacionales” para condenarlo, le dijo al periodista de Radio Televisión Martí Amado Gil una de las coordinadoras del proyecto, Valentina Cuevas.
El documento observa que la Constitución vigente en Cuba hasta el año pasado condicionaba expresamente todas las libertades reconocidas a la defensa del Estado socialista, y que la actual sustituyó esa flagrante imposición de un proyecto político por una trampa legal que también excluye las alternativas.
“La libertad de prensa (…) se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, dice la actual carta magna. “Pero es la misma idea: el Estado va a determinar a su antojo cómo puede ejercerse la libertad, según opine si las acciones correspondientes se adecuan o no a algo tan inasible ―y extralegal― como la determinación de los (supuestos) “fines de la sociedad”.
OLC compara esa formulación con un “tipo punible en blanco”, como llaman los juristas al lenguaje que permite a las autoridades decidir a su antojo cuáles son las conductas socialmente reprochables porque no las especifican claramente.
“El Decreto Ley 370 recurre también al artilugio de las normas en blanco”, señala el informe. “En su artículo 68 establece unas nueve contravenciones muy generales y abstractas, asociadas a las tecnologías de información y comunicación (TICs)”.
Las descripciones, dice, están redactadas de modo que no puede definirse claramente qué conductas transgreden estas normas, “dejando libradas la interpretación a los circunstanciales responsables de aplicarlas. De esta forma se consagra la discrecionalidad, agravada por el hecho de que ningún tribunal supervisa esas decisiones. Así, los ciudadanos quedan expuestos a decisiones arbitrarias de las autoridades”.
El Decreto Ley 370 es básicamente la reacción “legal” del régimen ante la llegada de internet y su herramienta para controlar y sancionar las libertades abiertas con la tecnología, declara OLC, y cita al Instituto de Artivismo Hannah Arendt:
“Una constitución no puede adjetivar el concepto de patria con los preceptos ideológicos de un partido, ni presuponer para el ejercicio de los derechos humanos universales la incondicionalidad política de los ciudadanos hacia el estado”, declaró a propósito del Decreto 370 ese instituto, encabezado por la artista Tania Bruguera.
Cita, asimismo, a la periodista independiente Camila Acosta. El régimen se dio cuenta de que internet, las redes sociales, son el último resquicio de libertad que tenemos los cubanos, porque ellos se han dedicado a aplastar nuestra libertad individual, denuncia Acosta.
El surgimiento del periodismo ciudadano no es un fenómeno nuevo en el mundo, pero sí en Cuba, añade.
“Desde que tienen acceso a internet, los cubanos graban, toman fotos y las suben a las redes sociales, es la alternativa que nos ha quedado para denunciar”, declara la periodista independiente citada por OLC. “Ahora se han dado cuenta del daño que les estaban haciendo las redes, entonces lo que ahora quieren es fiscalizar también nuestras publicaciones en redes”.
El informe está disponible en la página de internet de OLC y en sus cuentas de redes sociales.
