La censura en la Cuba post 1959 se ha convertido en tradición. Todos los medios de prensa son propiedad de un único partido que los dirige con mano de hierro y ojo avizor.
El periodista se vuelve así un redactor obediente de los dictados del poder. Más que información, difunden propaganda encaminada a eternizar su ideología. Para quienes se atreven a cuestionar desde una visión alternativa, entonces la censura cobra dimensiones de represión y reciben castigos ejemplarizantes, indicaron a Radio Televisión Martí comunicadores independientes.
“El margen de autonomía de los periodistas oficialistas es nulo. Tienen que esperar la aprobación ´de arriba´ para sus artículos”, dijo Waldo Fernández Cuenca, graduado de periodismo de la Universidad de La Habana.
“Para eso, las autoridades han establecido un sistema que comienza en la cúspide, en el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista, como máximo censor de los medios a su servicio, en el que muchas veces se miente, se siembra el temor y se estigmatizan prácticas totalmente legales en naciones democráticas”.
Por su parte, Henry Constantin, vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó: “En los medios oficiales la censura está dada, en primer lugar, por la autocensura de los comunicadores que tienen muy claro qué frases pueden usar y cuáles ideas o valoraciones no pueden nunca esgrimir”.
En segundo lugar, está la estructura administrativa, en la que los jefes de redacción o los jefes de información orientados por el Partido Comunista de Cuba (PCC) incluyen u omiten los textos e ideas, convenientes o no, al discurso ideológico, agregó Constantín.
“En fin, al periodista oficial lo vigila la Seguridad del Estado, el núcleo del PCC y los dirigentes del medio en que trabaja, quienes además chequean sus comunicaciones, su teléfono y sus redes sociales”.
En los últimos dos años, el régimen dio otra vuelta de tuerca al control sobre la información, tanto a la prensa oficial como independiente, para esto amplió la facultad de funcionarios y organismos de recopilar datos personales.
En el mes de mayo de 2019, el Tribunal Supremo volvió a publicar, esta vez en su página web, el texto de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada en 1999 y conocida como Ley Mordaza, que tiene entre sus propósitos castigar con la cárcel a quien colabore con los objetivos de la Ley Helms-Burton y medios de prensa extranjeros.
Mediante esta ley, el régimen condenó en 2003 a penas de hasta 27 años de cárcel a 75 opositores pacíficos, entre ellos 25 periodistas independientes.
Diecinueve años después, el 4 de julio de 2018, entró en vigor el Decreto Ley 370 para regular la informatización de la sociedad en Cuba.
“La cúpula aspira a recuperar su hegemonía comunicacional, que ya ha perdido un poco con la proliferación de revistas y diarios digitales independientes”, comentó al respecto el reportero santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
El abogado y periodista independiente Eloy Viera Cañive recordó que esa normativa afecta a muchas plataformas que operan en el territorio nacional que, al no disponer del dominio punto CU, porque también es una posesión del gobierno, tienen que anclarse a servidores extranjeros.
“Si un cubano residente en el país decide abrirse un blog en cualquier red informática de servicio gratuito, podría ser multado con hasta 1.000 pesos. Así lo dicen los artículos 68 y 69 del decreto de marras”, comentó.
Tras denuncias de la prensa independiente, el Ministerio de Comunicaciones corrigió en un tuit que el decreto alude a las plataformas y aplicaciones nacionales de servicios en internet y no a blogs, páginas personales o informativas.
“Sin embargo ni se derogó ni se modificó ese particular del decreto y un tuit no es fuente de derecho, pero en Cuba las reglas están en decisiones supralegales que todo el mundo sabe de dónde provienen”, recalcó Viera Cañive.
Con esa opinión coincide el representante en la isla de la SIP: “En el caso de los medios independientes, la censura se cierne sobre ellos con mayor virulencia, a través de represión, amenazas de cárcel, persecución familiar, acoso económico, judicial, bloqueos en internet y multas, que es lo último que hemos visto en cuanto a prohibiciones y limitaciones digitales”.
Viera Cañive, asesor legal del sitio multimedia El Toque, aclaró que “el 370 codifica un espacio en el país que necesitaba regulación: las comunicaciones en el espacio radioeléctrico”.
“Lo que pasa -continuó- es que como en otro montón de normativas en Cuba, se desliza, de manera subrepticia un grupo de detalles que son draconianos”.
Para el jurista, el 370 ensancha mucho más la vigilancia gubernamental que la Ley 88.
“La ley mordaza es para personas con un activismo político: periodistas independientes, opositores pertenecientes a grupos con objetivos, estrategias”.
“Pero el 370 va más allá, expande eso, no lo lleva a la vía penal, lo deja en una vía administrativa, en una sanción administrativa que la puede imponer cualquiera sin necesidades deliberativas”.
“Esta normativa”, destacó el abogado, “no es solo contra el activismo comprometido, sino que actúa contra cualquier ciudadano que emita un criterio contrario a la imagen de buenas costumbres e interés público que tienen quienes imponen las multas”.
“Está diseñada para bloquear la más mínima iniciativa discordante de la ciudadanía común. El 370 es la herramienta para fiscalizar un espacio que el gobierno nunca quiso abrir, el de internet”, concluyó el especialista.
