Las autoridades de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, intimidan a los reclusos para que asistan a actividades de “reafirmación revolucionaria” programadas en el penal. Los que se niegan, son escarmentados con la restricción de sus llamadas telefónicas, suspensión de visitas familiares y hasta con castigos corporales.
“Nos obligan a asistir a actos políticos que hacen aquí mismo, en la prisión. Están filmando cada vez que bajamos al patio a esos actos e imagino que sea para divulgar esos videos a la opinión pública exterior y mostrarlos como que nosotros, los del 11J, estamos arrepentidos”, denunció el preso político Oriandy Oviedo Acosta, condenado a 16 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos han solicitado al régimen cubano que permita a sus observadores entrar al país para constatar el cumplimiento del debido proceso en los juicios y las condiciones de los centros penitenciarios.
“Aquí hubo un momento que toda la compañía se plantó para no colaborar con esas farsas, pero vinieron los guardias y nos cayeron a golpes a todos. Muchos han tenido que bajar obligados a esos actos, a decir Patria o Muerte, cuando realmente hay más muerte que patria”, recalcó el prisionero político.
Oviedo Acosta fue juzgado el 20 diciembre de 2021 por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y atentado.
Junto a Oviedo recibieron su sentencia firme el 1 de marzo de 2022, otros seis manifestantes del 11 de julio en la localidad de Guanajay:
Lázaro Manuel Mendoza Caraza, Liuvel Mendoza Hernández, Jetzel Zayas Roldán, Dayan Ramírez Hidalgo Gato, Ángel María Mesa Rodríguez y Efren Duany Alfonso.
Todos fueron sancionados a penas de entre 10 y 16 años.
De acuerdo al documento que hizo firmes las sentencias, los acusados se presentaron en el Parque Central de Guanajay y desde allí convocaron a la población a incorporarse a los reclamos en las calles, luego marcharon hasta la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la sede del Partido Comunista de Cuba en el territorio, donde “toda la multitud y dentro de ellos [sic] los acusados mencionados referían ‘policías singaos, ‘abajo Díaz- Canel’, ‘Díaz Canel singao’, ‘tenemos hambre’, ‘abajo la dictadura’”.
