Solo en Cuba tiene sentido decir “llevo 680 días regulado”, una frase que parecería absurda en cualquier otro lugar del mundo porque usa un término acuñado por el régimen cubano para denominar a las víctimas de su inconstitucional política de aislamiento forzoso.
Ahora los asistentes al 173 período ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que empezó a sesionar el martes en Washington, no podrán intercambiar con el periodista independiente cubano Osmel Ramírez Álvarez, autor de la frase y nuevamente condenado a no poder acudir a una cita fuera de la isla. Bajo estas líneas reproducimos la denuncia que envió al mismo encuentro en 2018.
“Y está también el hecho de la incautación de medios de trabajo, de un registro que hubo el 10 de noviembre de 2017… en dos ocasiones he estado detenido tres días por artículos que han encontrado ‘molestos’, pero han sido artículos apegados a la realidad”, le dijo Ramírez Álvarez desde Mayarí, en Holguín, al presentador de Radio Martí Tomás Cardoso.
“No quieren este periodismo independiente, no quieren periodismo alternativo”, declaró el reportero, antes de evaluar los motivos del régimen para impedirle viajar al extranjero. “Seiscientos ochenta días regulado es una cosa abominable: un gobierno que necesite hacer eso para mantenerse, para defenderse --como dicen-- es porque tiene muchos problemas”.
A Ramírez Álvarez, que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, la policía política le ha advertido que le están preparando un expediente delictivo donde van archivando las cosas que él escribe y que les parece que atentan contra la estabilidad del país.
“Si yo expongo mis ideas, si expongo mis criterios, y [en algún momento determinado] esos criterios coinciden --por ejemplo-- con la política oficial de Estados Unidos, ellos consideran que yo soy un mercenario por eso, por coincidencia, porque mis ideas propias no son mías”, declara el periodista independiente en la entrevista con Cardoso.
Ellos, añade refiriéndose a las fuerzas represivas del régimen, no conciben que alguien sea opositor o sea disidente o piense diferente, y no sea al mismo tiempo un mercenario.
“Alguien tuvo que comprar tu pensamiento, y es lo peor de todo”, denuncia Ramírez Álvarez. “Lamentablemente, vemos cierto contubernio internacional con eso. Estados Unidos apoya, pero otros países realmente coquetean con eso, es la realidad”.
Aunque a las sesiones del encuentro de la CIDH pudieron acudir activistas de la sociedad civil como Norberto Mesa Carbonell, de la Cofradía de la Negritud, y exiliados como la abogada Laritsa Diversent, directora ejecutiva del grupo Cubalex, la voz de más de un cubano de la isla no pudo escucharse en Washington.
El caso de la espirituana Aimara Peña González también parecería ridículo en otro país, porque a ella ni siquiera la dejan moverse dentro del suyo.
“La semana pasada quería trasladarme a La Habana y [desplegaron] todo un operativo… que para eso sí tienen combustible, para evitar que yo saliera de mi casa”, declaró la reportera entrevistada por Cardoso. Es necesaria la intervención de la comunidad internacional porque “ahora mismo está Guillermo del Sol a punto de dar su vida por los restringidos, y el gobierno sigue haciendo caso omiso a las denuncias que se hacen desde la isla”.
Otro miembro del equipo de Diario de Cuba, el periodista guantanamero Manuel Alejandro León Velásquez, dijo que cuando la policía política habla de “limitantes”, significa realmente que estás “regulado”.
“Hoy en día supongo que ya son más de 200 los regulados en el país, sin contar los que aún no han sido notificados”, subrayó León Velásquez.
