Las jóvenes Mileydi Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, permanecen arrestadas desde el miércoles 22 de abril, cuando ambas fueron víctimas de violencia policial en Lawton, La Habana.
Daniel Salcedo, padre de Mileydi, quien según las autoridades esta acusada del delito de atentado, explicó a Radio Martí que las jóvenes habían ido al banco a cobrar un dinero y Vaquero llevaba el nasobuco en la mano cuando una patrulla las detuvo.
Según Salcedo, los agentes pidieron identificación a las muchachas "en forma descompuesta", y su hija sacó el teléfono para grabarlos y tener evidencia para hacer la denuncia. "Y el capitán lo que hace es ir a golpearla, para que ella dejase de filmar lo que estaba sucediendo".
El padre de Mileydi Salcedo explicó que el policía propinó una fuerte golpiza a la joven, y hasta "le dio patadas en el suelo, la tiró contra la acera, contra la pared, provocándole "dolor en un seno" y dejándole la cara y los brazos "llenos de moretones".
Mientras a Vaquero se la llevaron a una unidad policial, y dos horas después al hospital, "a mi hija la dejaron tirada en la acera". Mileydi Salcedo llegó a la unidad de la Policía de Aguilera, en Lawton, "por sus propios medios" a averiguar por su amiga y a denunciar la agresión del agente, señaló el padre.
Pero la joven terminó "acusada de atentado contra la policía", añadió.
Tres vecinos que presenciaron el incidente acudieron junto a Salcedo a la unidad policíal a ofrecer el testimonio, pero "no lo permitieron".
Mileydi Salcedo fue detenida y conducida a 100 y Aldabó. Vaquero también está allí detenida. "Me lo informaron después que me lo escondieron durante casi dos días", dijo el padre en referencia a las autoridades.
El exprisionero político Angel Moya Acosta publicó el lunes en Facebook una foto del presunto agente policial que golpeó a Mileydis junto a la denuncia del caso.
Este martes, Moya identificó al agente como el capitán Rolando, con número 29697, quien conducía el carro patrulla 408 E.
El régimen cubano ha recrudecido la represión durante la pandemia de coronavirus, especialmente contra activistas, periodistas y ciudadanos que denuncian en las redes sociales la situación de crisis que atraviesa el país. En muchos casos la policía responde a las denuncias con violencia, detenciones arbitrarias, amenazas y multas de hasta 3,000 pesos por supuesta violación del Decreto Ley 370.