Las denuncias de hostigamiento, maltratos y amenazas en contra de los presos del 11J, y de los familiares que alzan la voz para defenderlos, continúan llegando a nuestra redacción.
El viernes pasado, el artesano Fernando Ginarte Mora, de 53 años de edad, padre de tres niños, uno de ellos autista, residente en Baire, Contramaestre, en la provincia Santiago de Cuba, recibió la sentencia de cuatro años de privación de libertad por el presunto delito de atentado, por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
“Cuatro años con trabajo correccional sin internamiento. Comienzo a cumplir el día 16 de mayo y uno mismo tiene que buscar el trabajo, que siempre son los peores, casi siempre en la agricultura. Tendré que coger un azadón, de lo contrario me revierten por prisión con internamiento. El mismo policía que me acusó, [contra el que] cometí el supuesto atentado, el día del juicio declaró que la distancia más cerca que yo estuve de él fue de unos 15 metros, y a esa distancia nadie comete un supuesto atentado físico. Ya se sabe cómo son esta gente de marañeros; es muy injusto”, señaló Ginarte Mora.
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador nacional del partido Unión por Cuba Libre, condenado a seis años de prisión por participar en las protestas populares de San Antonio de los Baños, Artemisa, está internado en el hospital provincial Abel Santamaría en la ciudad de Pinar del Río, luego de varios días reclamando asistencia médica en el penal Cinco y Medio, de la carretera de Luis Lazo, sin tener éxito, informó Jorge Luis Bravo, miembro de la organización opositora.
“Él sufre de una diabetes crónica y también de hipertensión. Llevaba ya seis días con diarreas intensas y se había deshidratado en la prisión, donde le habían negado la asistencia médica. Tampoco hay medicamentos para la diabetes en el penal”, dijo el activista.
También fue citada para la Unidad de la Policía (PNR) de Nueva Paz Dayana Aranda Batista, donde fue amenazada por un oficial de la Seguridad del Estado por las denuncias que realiza en redes sociales sobre la situación que enfrenta su esposo, Juan Enrique Pérez Sánchez.
El manifestante del 11J fue encarcelado en el penal de Quivicán, donde cumple ocho años de prisión por participar en las protestas en San Antonio de Vegas, en el municipio San José de las Lajas, provincia de Artemisa. El preso político permanece en el destacamento cuatro, junto a asesinos y presos comunes con largas condenas.
"Recibí todo tipo de amenazas, entre otras, que de seguir hablando mal del gobierno en redes sociales, y si continuaba haciendo denuncias sobre el caso de mi esposo, me iban a expulsar de Cuba, y me iban a separar de mis hijas. Me tuvieron detenida muchas horas allí. Salí de ese lugar casi a las ocho de la noche, desde las 10 de la mañana. Yo voy a seguir haciendo denuncias, todas las injusticias que se están cometiendo en contra de mi esposo. No me pienso callar", aseguró Aranda Batista.
Pérez Sánchez es el único preso del 11J que permanece retenido en ese destacamento.
"Allí no hay más ningún preso político. La mayoría de los reos que están en el destacamento 4 son criminales que están por asesinato doble, cumpliendo condenas de hasta 35 años. Mi esposo se cuida mucho allí, porque hay guardias que mandan a los delincuentes, a los asesinos, para que agredan a los muchachos del 11 de julio. Solamente porque él no quiere participar, y nunca lo ha hecho, en los actos políticos dentro del penal”, denunció su esposa.
