Yanelys Núñez, coordinadora general del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), presentó este miércoles un informe sobre la violencia machista en Cuba durante las sesiones previas al Examen Periódico Universal (EPU), el cuarto al que se someterá el régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe presentado por Núñez en Ginebra, Suiza, demanda al Estado cubano la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, con el apoyo de la sociedad civil y de las activistas y feministas que trabajan estos temas desde hace años.
"Es una oportunidad única para dirigirnos a las misiones permanentes de los países que están representados en las Naciones Unidas para que puedan escuchar la situación de derechos humanos desde la boca de los propios activistas que hemos sufrido represión, que hemos sido obligados a exiliarnos", comentó la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, en declaraciones citadas por Alas Tensas.
"En el panel de las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana se tocaron temas medulares como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la liberación de los presos políticos, la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, la precariedad alimentaria y la libertad académica. Esto nos pone en una posición de seguir articulando coaliciones y alianzas", dijo por su parte la activista Kirenia Yalit, representante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
La sociedad civil demanda desde hace años una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba
En 2023, cinco años después de que los observatorios independientes comenzaran a llevar un subregistro de los feminicidios ocurridos en el país, el Gobierno sigue sin reconocer el término. Cuba, a diferencia de otros 18 países en América Latina, no lo tiene tipificado en su actual Código Penal, aprobado en mayo de 2022 y puesto en vigor en diciembre pasado.
Las feministas han exigido en múltiples ocasiones la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género pero las autoridades no ha respondido siquiera. Tampoco lo han hecho a la petición de varias organizaciones de declarar el estado de emergencia, un mecanismo que permitiría brindar protección a las víctimas, entre otros derechos para las mujeres.
En los últimos meses la cifra de crímenes machistas en Cuba se ha elevado drásticamente. Hasta la fecha se contabilizan 173 feminicidios (14 casos en 2019, 32 en 2020, 36 en 2021, 36 en 2022 y 55 en lo que va de año). En muchos de los casos las víctimas acudieron a las autoridades en busca de ayuda y sus casos no fueron atendidos.
Las feministas han llamado la atención de las autoridades por la lentitud con la que se da seguimiento a las denuncias. De hecho, el propio oficialismo reconoce las fallas.
El pasado fin de semana Odelsys Valcárcel, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Ciego de Ávila, admitió que los agentes de la Policía no están preparados, “pues en no pocas ocasiones las mujeres no encuentran el respaldo que merecen”.
“Hay que insistir en la capacitación del personal que labora en sectores determinantes como educación, salud, la policía, los juristas y comunicadores, así como en la educación integral desde las edades tempranas, para combatir estereotipos de género. Ir a la raíz y cambiar los gérmenes de una cultura patriarcal no es cosa de un día, pero si imprescindible para salvar la esencia de lo que somos”, explicó.
Ante las múltiples presiones, el régimen de La Habana lanzó en junio pasado un Observatorio de Igualdad de Género (OCIG) pero en los informes que presenta sólo cuenta los casos en los que el agresor tiene una sentencia firme.
“Esta metodología se revela obsoleta e insuficiente para afrontar la contabilización de feminicidios y analizar la violencia machista de manera global, así como para atender a los principios de justicia, reparación y prevención”, ha señalado al respecto Alas Tensas.
El EPU se refiere al proceso de revisión periódica llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que examina el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros. Cuba fue examinada en 2009, 2013 y 2018.
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